La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados;
Directores de Cadenas de Restaurantes, A.C., y la Asociación Mexicana de
Restaurantes A.C., fijamos una posición clara frente a los bloqueos y cierres viales
registrados en la Ciudad de México: el diálogo político no puede construirse sobre la
afectación diaria a trabajadores, familias, comercios, turismo y actividad económica.
En los últimos días, zonas clave de la capital han enfrentado cierres, interrupciones a
la movilidad y afectaciones operativas que han impactado directamente a más de
1,000 restaurantes ubicados en corredores económicos, turísticos y gastronómicos de
alta relevancia.
No se trata de una simple complicación vial. Para el sector restaurantero, un bloqueo
significa mesas vacías, reservaciones canceladas, trabajadores que no pueden llegar,
proveedores detenidos, alimentos que se pierden, ventas que no se recuperan y
empleos que se ponen bajo presión.
La protesta social es un derecho y debe ser respetada. Los que suscribimos no
criminalizamos la manifestación ni desconoce la legitimidad de las demandas
sociales. Pero también debe decirse con toda claridad: ningún derecho puede
ejercerse anulando de manera sistemática los derechos de terceros.
La capital no puede operar bajo la lógica de que cada conflicto se traduzca en
parálisis. La ciudad no puede quedar rehén de bloqueos recurrentes. Y quienes
trabajan, invierten, generan empleo, pagan renta, pagan nómina, cumplen
obligaciones fiscales y sostienen cadenas de proveeduría no pueden seguir
absorbiendo el costo de conflictos que no provocaron.
Los restaurantes son parte esencial de la vida económica y social de la Ciudad de
México. No son únicamente establecimientos mercantiles: son centros de trabajo,
puntos de abasto, espacios de convivencia, motores turísticos y sustento directo para
miles de familias.
Cuando se bloquea una zona restaurantera, no se afecta solamente al dueño de un
negocio. Se afecta al mesero que vive de sus propinas, a la cocinera que depende de

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su jornada, al repartidor que pierde entregas, al proveedor que no cobra, al productor
que no coloca su mercancía y al comensal que no puede llegar.
Por eso, hacemos un llamado firme a las autoridades federales y de la Ciudad de
México para que asuman con responsabilidad política e institucional la conducción
del conflicto. El diálogo debe continuar, pero la ciudad también debe funcionar.
No basta con informar cierres o sugerir alternativas viales. Se requieren medidas
efectivas para proteger el libre tránsito, la operación económica, la seguridad de
trabajadores y clientes, y la continuidad de actividades esenciales para la capital.
Esta afectación no proviene únicamente de marchas o bloqueos. También se genera
cuando, por decisiones operativas de movilidad y seguridad pública, se cierran
vialidades para facilitar traslados oficiales, operativos institucionales, movimientos de
equipos deportivos, aficionados, eventos culturales, deportivos o de alta
concentración. Entendemos la necesidad de ordenar la ciudad y garantizar seguridad;
sin embargo, esos dispositivos no pueden traducirse en cierres prolongados, falta de
información o restricciones que paralicen zonas completas sin coordinación previa
con los sectores afectados. Cuando más de 1,000 restaurantes ven limitada su
operación, la afectación puede alcanzar, de manera conservadora, a más de 20,000
trabajadores y a más de 100,000 comensales potenciales por jornada, además de
proveedores, repartidores, productores y familias que dependen de esa actividad.
También hacemos un llamado respetuoso, pero categórico, a los grupos movilizados:
sus demandas deben procesarse sin imponer a la ciudadanía, a los trabajadores y a
los pequeños negocios una carga económica y social que no les corresponde.
La Ciudad de México está en un momento de máxima exposición nacional e
internacional. En el marco del Mundial, la capital debe proyectar gobernabilidad,
capacidad de diálogo, orden público y respeto a quienes todos los días sostienen su
actividad económica.
Los que suscribimos exigimos que se escuche a todos: a quienes protestan, pero
también a quienes trabajan; a quienes demandan soluciones, pero también a quienes
necesitan abrir sus negocios para pagar salarios; a quienes ejercen derechos, pero
también a quienes están siendo afectados por el ejercicio desproporcionado de esos
derechos.
La posición es clara: sí al diálogo, sí a la protesta pacífica, sí a la solución institucional
de los conflictos. Pero no a la normalización de bloqueos que dañan el empleo, el
turismo, la movilidad, el comercio formal y la vida diaria de la ciudad.