En varias ciudades, jueces han reprendido a oficiales federales por el uso excesivo de la fuerza. Un exlíder del Departamento de Seguridad Nacional dijo que las conclusiones de ProPublica son una “clara señal de alerta”

Este reportaje fue publicado originalmente por ProPublica, una redacción sin fines de lucro dedicada a investigar los abusos de poder.

Los niños iban camino a la escuela en Broadview, Illinois, o salían de un centro comercial en Columbus, Ohio. Estaban en casa en Minneapolis, o sentados en una carriola en Chicago, o en una protesta por la tarde en Portland, Oregón, al lado de perros con correa y gente mayor empujando su andador. La mayoría simplemente estaba en sus rutinas del día cuando agentes federales de inmigración lanzaron gas lacrimógeno o gas pimienta cerca de sus casas, de sus escuelas o dentro de los automóviles de sus familias.

Los químicos se dispersaron por el aire, algunas veces a lo largo de varias cuadras. Se filtraron en habitaciones y un adolescente asmático tuvo que jadear en busca de aire. Se pegaron a la piel de una niña pequeña que gritó llorando: “¡Me quema!”. Causaron que un bebé dejara de respirar. ProPublica identificó a 79 niños en todo el país que han resultado afectados por gas lacrimógeno o gas pimienta, a medida que los agentes de inmigración intensificaron su uso de manera drástica durante la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido en repetidas ocasiones el uso de estos químicos; sostiene que sus agentes no son responsables. La culpa, dijo un vocero, recae en los “agitadores” que están entre las multitudes y en los padres que ponen a sus hijos en peligro.

Pero hay videos que revelan cómo los agentes hacen uso de estas armas. Uno los capta lanzando gas lacrimógeno a una multitud en la que hay al menos siete niños, justo antes de que alguien gritara: “¡Hay niños aquí!”. Otro los muestra arrojando botes de gas lacrimógeno a manifestantes sin provocación aparente. Luego, con las calles ya inundadas de humo blanco, un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que lleva una cámara corporal, dispara bolas de pimienta antes de murmurar “Fuck yeah” y gritar “¡Woo!”.

Un tercer video muestra lo que ocurrió después de que un agente rociara gas pimienta a través de la ventanilla del conductor de un auto familiar y alcanzara a una niña de un año en el asiento trasero. Un transeúnte filmó a la niña llorando y su familia contó más tarde que le costaba respirar. Un portavoz del DHS definió el incidente como “un asqueroso montaje de gas pimienta”. Pero un pastor local que estuvo en el lugar rechazó esa afirmación y testificó ante una comisión de rendición de cuentas de Illinois que “hay evidencia en video, literalmente”.

Estas escenas de nubes de gas y rostros bañados en lágrimas han llevado a algunos historiadores a comparar el alcance y la intensidad del despliegue de municiones químicas de los agentes con las represiones brutales de la policía del Sur durante el Movimiento por los Derechos Civiles.

Y la legalidad de su uso ha sido impugnada. En ciudades de todo el país, jueces han reprendido duramente tanto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como a la CBP, bajo el argumento de que sus agentes usaron fuerza excesiva. Un juez dijo que los agentes mostraron “indiferencia deliberada” hacia los riesgos, incluidos los que corrían los niños. Ordenaron a los agentes limitar el uso de estas armas en las áreas que fueron objeto de demandas. Pero no tenían poder para frenar la práctica a nivel nacional. En otras comunidades, ProPublica descubrió que los niños siguieron saliendo lastimados.

La polémica en torno a estos químicos ha puesto de manifiesto la falta de uniformidad en su uso: no existe un estándar nacional que rija el empleo de gas lacrimógeno y gas pimienta por parte de las fuerzas del orden, y las políticas de cada agencia varían considerablemente. Como resultado, los agentes del DHS podían usar el gas lacrimógeno con mayor libertad en ciudades específicas como Minneapolis y Portland, donde las normas de la policía local son más estrictas.

Un agente de policía de Portland declaró en un escrito judicial que él y varios colegas fueron atacados con gas lacrimógeno por agentes federales mientras observaban y patrullaban una protesta que consideró mayormente pacífica. En otro evento, en el que fungió como responsable principal, afirmó que el uso del gas lacrimógeno por parte de los agentes fue “excesivo y desproporcionado respecto a la amenaza” y que “afectó a cientos de manifestantes pacíficos”.

Estas armas son tóxicas, en especial para los niños, quienes respiran con mayor rapidez y, en proporción a su peso corporal, inhalan más aire contaminado que los adultos. Ese principio es la razón por la que los mineros de carbón solían llevar canarios bajo tierra, como explicó un médico de urgencias en una reciente declaración judicial. Por su ritmo respiratorio acelerado y su pequeño tamaño, los pájaros dejaban de cantar o morían cuando los químicos comenzaban a afectarlos, lo que daba tiempo a los mineros para escapar. Los niños también son vulnerables porque tienen vías respiratorias más estrechas y están más cerca del suelo, donde el gas lacrimógeno tiende a acumularse.

El uso del gas lacrimógeno por parte de la Administración Trump ha sido tan extremo —con algunos niños expuestos en múltiples ocasiones— que la única investigación que ProPublica encontró que podría aproximarse al impacto es una encuesta de 2018 realizada a refugiados palestinos en Cisjordania sometidos a los químicos por fuerzas de seguridad israelíes. Los niños reportaron sarpullidos y amigdalitis crónica, pero nadie conoce el alcance de las consecuencias a largo plazo.

El recuento de niños afectados por gas lacrimógeno o gas pimienta que realizó ProPublica es casi cuatro veces mayor al número citado en un reciente informe del Congreso basado en notas periodísticas, y aun así probablemente representa un subregistro considerable. Verificamos los casos mediante entrevistas con más de 40 víctimas o testigos, y mediante la revisión de vídeos de cámaras corporales de agentes, publicaciones en redes sociales y demandas judiciales. Solo incluimos casos en los que hablamos con padres u otras personas con conocimiento directo, encontramos al menos dos notas periodísticas que confirmaban el incidente, o identificamos un episodio a partir de testimonios bajo juramento.

En muchos de los casos donde niños resultaron afectados, un vocero del DHS aseguró que los agentes estuvieron justificados al usar gas lacrimógeno o gas pimienta, aunque la agencia no comentó cómo afectaron las armas a los civiles circundantes, incluidos los menores. “El Departamento de Seguridad Nacional NO ataca a niños”, dijo el DHS en un comunicado escrito.

El vocero defendió la capacitación del departamento e indicó que los agentes del ICE están entrenados para usar “la cantidad mínima de fuerza necesaria para resolver situaciones peligrosas”. Eso incluye “considerar la totalidad de las circunstancias al desplegar medidas de control de multitudes” y la capacitación en “tácticas de desescalada”, según el comunicado. “Pero si usted agrede a un agente o intenta obstaculizar las actividades de las fuerzas del orden, puede esperar una respuesta adecuada. Por eso los alborotadores y agitadores deben dejar de obstruir las operaciones de las fuerzas del orden” y “abstenerse de llevar deliberadamente a sus propios hijos a situaciones potencialmente volátiles”.

El departamento no respondió a preguntas detalladas sobre si investigó o sancionó a agentes por su uso de gas lacrimógeno o gas pimienta desde el año pasado. En enero, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, se dirigió a agentes del ICE en un segmento de Fox News y les dijo: “Tienen inmunidad federal en el ejercicio de sus funciones”.

Tres exdirectivos del DHS señalaron que el número de niños expuestos a gas lacrimógeno y gas pimienta indica que algo está gravemente mal en el departamento. John Roth, quien se desempeñó como su inspector general durante la presidencia de Barack Obama y parte del primer mandato de Trump, opinó que los hallazgos de ProPublica son una “señal de alerta máxima”. “Esto debería detonar una revisión exhaustiva de la forma en que capacitamos a las personas en el uso de la fuerza”.

“No puedo respirar”

El gas lacrimógeno, término genérico para varios irritantes químicos, existe como un polvo fino que se deposita sobre cada superficie y activa las terminaciones nerviosas hasta hacer que sientan que están en llamas. Los químicos queman los pulmones y la garganta, inflaman las vías respiratorias hasta que da la sensación de respirar a través de un popote, mientras la nariz y los ojos no paran de escurrir. Pueden provocar vómitos, sarpullidos y tos que se prolongan durante semanas. El gas pimienta se elabora a partir de compuestos presentes en los chiles picantes y causa efectos similares.

Los escasos estudios sobre el uso de gas lacrimógeno en adultos han encontrado problemas oculares persistentes, bronquitis y otras enfermedades respiratorias. Investigaciones emergentes sugieren una asociación entre el gas lacrimógeno y ciclos menstruales irregulares y abortos espontáneos. En casos extremos, personas han muerto.

Una vez disparadas las armas, suele ser difícil controlar quién resulta afectado. Los botes pueden rodar por el suelo y los químicos se dispersan por el aire. En Minneapolis, ProPublica encontró que el gas lacrimógeno viajó al menos un cuarto de milla y se infiltró en un McDonald’s.

Las familias que viven cerca de una instalación del ICE en Broadview, Illinois, sintieron estos efectos dentro de sus hogares cuando los agentes lanzaron gas lacrimógeno contra los manifestantes que se reunían habitualmente en ese lugar.

Derrick Nash vive a una cuadra y media al este de la instalación junto con su familia extendida, que incluye cuatro niños entre 6 y 17 años. Cada vez que el gas lacrimógeno se filtraba, los niños tosían y frecuentemente les ardía la garganta. El mayor, un estudiante de preparatoria con asma, se refugiaba en su habitación del segundo piso. Una noche, su rostro se enrojeció mientras tosía sin control y jalaba su inhalador sin obtener alivio.

“Estaba muy alterado, decía: ‘No puedo respirar”, recordó Nash. La familia consideró llamar a una ambulancia, pero la calle estaba bloqueada.

Cerca de ahí, dos niñas de 6 y 10 años comenzaron a usar varias capas de cubrebocas quirúrgicos dentro de casa, pero eso no evitó sus ataques de tos. “Fue aterrador. Mis hijas estaban asustadas”, dijo la madre de las niñas, quien pidió no ser identificada por temor a represalias. “Lo sentimos de inmediato. Estábamos tosiendo. Los ojos nos lloraban. La nariz nos hacía cosas raras”.

A ella le preocupa que la exposición al gas lacrimógeno y las balas de pimienta haya causado daños a largo plazo. Desde octubre, su hija menor, ahora de 7 años, ha tosido y ha tenido sibilancias con frecuencia, especialmente por las noches. La ha llevado a urgencias unas cinco veces. “Se ha quejado de la garganta”, dijo. “Llega al punto en que no puede respirar”.

Los funcionarios de seguridad han restado importancia a los efectos del gas lacrimógeno. En una demanda por las acciones de los agentes en el área de Chicago, el supervisor de la CBP Kristopher Hewson testificó que el irritante químico “no daña a las personas” y que “después de alejarse, sus efectos cesan en 10 segundos”.

Pero es innegablemente tóxico. Un panel científico federal determinó en 2014 que las personas pueden resultar dañadas incluso con dosis muy bajas. Gran parte de la investigación sobre sus efectos en la salud se llevó a cabo con hombres en el ejército; se sabe poco sobre lo que les ocurre a mujeres, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

En Estados Unidos, algunos han resultado gravemente heridos tras una sola exposición al gas lacrimógeno.

En enero, una familia de Minneapolis con seis hijos regresaba a casa de un juego juvenil de basquetbol cuando se topó con una protesta y se detuvo por un tiempo. Cuando la situación escaló e intentaron irse, un bote de gas lacrimógeno rodó bajo su minivan y activó las bolsas de aire, obstaculizando su escape. Su hijo de seis meses dejó de respirar brevemente. “El bebé no responde. Dios mío, vamos”, dijo un operador del 911. El bebé, a quien le practicaron reanimación cardiopulmonar, estuvo hospitalizado, al igual que dos hermanos con asma severa.

“Indiferencia deliberada”

Conforme la ofensiva migratoria de Trump avanzó de ciudad en ciudad, residentes, periodistas y manifestantes demandaron para detener los bombardeos que, según señalaron, violaban sus derechos constitucionales.

Entre decenas de declaraciones de Chicago y sus suburbios, un testigo en Broadview describió haber visto a niños cubriéndose la cara mientras caminaban a la escuela; otra persona en Brighton Park, embarazada de ocho meses y medio, dijo que vio a niños “tosiendo, respirando con silbidos y llorando” después de que se liberó gas lacrimógeno.

“Lanzar gas lacrimógeno a mujeres embarazadas, niños y bebés es tan grave que escandaliza la conciencia”, escribió la jueza federal de distrito Sara Ellis en su fallo de noviembre. Determinó que los agentes del ICE y la CBP usaron fuerza excesiva al desplegar las armas “sin justificación, muchas veces sin advertencia” contra personas que no representaban una amenaza física.

Ordenó que se detuvieran. Pero el interdicto solo cubría las zonas mencionadas en la demanda.

En diciembre, 15 días después del fallo escrito de Ellis, vecinos del otro lado de la calle de una instalación del ICE en Portland presentaron su propia demanda. Durante meses, dijeron, el gas lacrimógeno se filtraba a sus apartamentos mientras agentes federales lo disparaban contra los manifestantes reunidos a unos pasos de allí. Los vecinos presentaron sus relatos ante el tribunal: mientras estaba en casa, un niño de 12 años sufrió urticaria y “problemas respiratorios crónicos” y tuvo que usar un inhalador por primera vez en su vida. Dos hermanas, de 7 y 9 años, dormían dentro de una especie de fuerte que construyeron en un clóset.

Una vecina, Mindan Ocon, contó a ProPublica que su hija de 3 años, Angelise, gritó y lloró una noche cuando el gas se filtró al apartamento; se cubría la cara porque le ardían los ojos. Con el tiempo, dijo Ocon, desarrollaron una rutina: cada vez que Angelise tosía y se frotaba los ojos, o cuando Ocon anticipaba problemas, llevaba a su hija al baño para darle un baño de burbujas. Algunos días lo hacía hasta cuatro veces. Angelise ahora prefiere las duchas y dice “¡No baño!” cuando Ocon intenta meterla a la tina.

La tos y la irritación ocular de Angelise habían cedido cuando la atendió el doctor Benjamin Sanders, pediatra de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón. Pero Sanders dijo que le preocupaban los efectos a largo plazo, tanto físicos como psicológicos. A esa corta edad, Angelise estaba “construyendo su comprensión emocional del mundo”, lo cual “incluye cosas bastante peligrosas”.

La jueza federal de distrito Amy Baggio determinó que los agentes federales actuaron con “indiferencia deliberada”, un estándar legal que significa que conocían el riesgo sustancial del daño y lo ignoraron. Escribió que las nubes de gas lacrimógeno dificultaron o imposibilitaron que los residentes del complejo pudieran “comer, dormir o simplemente respirar con normalidad dentro de sus propios hogares”, y que el DHS mostró un “prolongado fracaso incluso en su disposición a preocuparse”.

Otro juez manejó una demanda relacionada con lo ocurrido en las calles de Portland el 31 de enero, cuando miles de personas asistieron a una manifestación vespertina de un sábado. El evento atrajo familias: niños con instrumentos de banda, padres cargando a sus hijos pequeños sobre los hombros.

Mientras los manifestantes marchaban frente al edificio del ICE, hasta 50 “agitadores” vestidos de negro intentaron atar con cuerdas la puerta vehicular y lanzaron piedras y huevos contra los agentes federales, según los testimonios del DHS. Los agentes federales dijeron que advirtieron a la multitud que retrocediera y, en cuestión de minutos, comenzaron a lanzar armamentos. Entre ellos había granadas Triple Chaser, que cada una se separaba en tres botes de gas lacrimógeno; decenas de proyectiles de balas de pimienta cargados con municiones químicas; y “granadas de bolas de goma” que liberaban pequeños perdigones, luces intensas y sonidos estridentes.

A media cuadra de distancia, un niño de 11 años creyó que esos sonidos eran disparos de arma de fuego; luego, los químicos lo alcanzaron. “Yo estaba tosiendo y expectorando flemas y moco”, le contó a ProPublica. Su padre, quien estaba con él y con su hermano, recordó su miedo: “Creo que él realmente pensó que íbamos a morir, y yo también, a causa del gas”. El hermano del niño, de 15 años, dijo que le dolieron los ojos durante días. (La familia nos pidió no revelar sus nombres para proteger la privacidad de los menores).

Matt Lembo, quien fue a la protesta con su hija de 14 años, dijo que el gas les provocó dolor de garganta y lágrimas en los ojos. “Vi al menos una docena de niños”, aseguró, “con los ojos lavados… tosiendo con fuerza, llorando, escupiendo”.

Un juez emitió una orden de restricción temporal que prohibía a los agentes federales usar municiones químicas salvo que estuvieran dirigidas contra alguien que representara “una amenaza inminente de daño físico”. La CBP argumentó en un escrito judicial que los agentes necesitaban poder usar las armas en ciertos casos, como para dispersar a personas que bloquearan sus vehículos.

Estos intentos de obtener amparo en los tribunales han tenido un éxito limitado. Tribunales de apelación han anulado los fallos de los jueces federales en los tres casos de Portland y Chicago, y con ello han eliminado las restricciones sobre cómo los agentes federales pueden usar estas armas.

Aunque el DHS parece haber dejado de usar gas lacrimógeno en Portland, sus agentes siguieron usándolo en otros lugares, incluida una zona residencial en South Burlington, Vermont, en marzo.

“Algo está mal”

La política del DHS sobre el uso de la fuerza señala que los agentes deben emplear tácticas que “minimicen el riesgo de lesiones no intencionales” y guiarse por el “respeto a la vida humana”. La política de la CBP es más detallada; establece que los agentes “no deben usar” gas pimienta ni municiones químicas “menos letales” contra “niños pequeños”. La política del ICE señala que “la presencia de otros agentes, sujetos o testigos circundantes” es un factor para determinar si el uso de la fuerza por parte de un agente es razonable.

Esas políticas están por debajo de las reformas más concretas sobre el uso del gas lacrimógeno y el gas pimienta que muchos departamentos de policía locales han adoptado como resultado de demandas judiciales o de leyes orientadas a frenar el uso excesivo de la fuerza. El Departamento de Policía de Portland exige que los agentes tomen en cuenta la proximidad a viviendas al considerar el uso del gas lacrimógeno. Minneapolis prohíbe a sus agentes usar municiones químicas para controlar multitudes sin autorización del jefe de policía, incluso cuando los agentes temen ser atacados físicamente. A la policía de Akron, Ohio, se le prohibió recientemente usar gas pimienta “indiscriminadamente” para dispersar a una multitud y enfrenta otras restricciones sobre el gas lacrimógeno.

Históricamente, los agentes del DHS también han tenido una capacitación deficiente. En 2017, la oficina del inspector general del departamento encontró que los agentes no habían completado la capacitación requerida en armas como el gas lacrimógeno y el gas pimienta. Cuatro años después, otra investigación del inspector general sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes durante la protección de edificios federales concluyó que los agentes no completaron la capacitación requerida. El informe advirtió que “sin las políticas, la capacitación y el equipo necesarios, el DHS seguirá enfrentando dificultades para proteger las instalaciones federales durante períodos de disturbios civiles, lo que podría resultar en lesiones, muertes y responsabilidades legales”.

El DHS no respondió a las preguntas de ProPublica sobre si revisaría su capacitación o sus prácticas. “El patrón NO es el de fuerzas del orden usando la fuerza”, dijo un vocero de la agencia en un correo electrónico. “Es un patrón de ataques coordinados y violencia contra nuestras fuerzas del orden”.

Los hallazgos de ProPublica dejan claro que “algo está mal” en las prácticas de uso de la fuerza del DHS, dijo Edward Maguire, profesor de criminología y justicia criminal de la Universidad Estatal de Arizona que asesora a agencias de seguridad en control de multitudes. “Una agencia responsable de seguridad… debería actuar para asegurarse de que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir”.

Exigir que todas las agencias de seguridad adopten políticas y métodos de capacitación uniformes sería un gran paso, dijeron expertos a ProPublica. Estos deberían incluir una consideración más amplia de las personas circundantes. Al evaluar el uso del gas lacrimógeno o el gas pimienta en una multitud, por ejemplo, al menos un agente debería encargarse de realizar una evaluación de daños colaterales para determinar quién podría resultar afectado de forma involuntaria, según Maguire. Luego, la agencia necesita ser transparente sobre si los agentes están cumpliendo con las políticas.

Para que eso ocurra, dijeron varios expertos, el Congreso tendría que aprobar un proyecto de ley que obligue a las entidades federales de seguridad a adoptar dichas prácticas e incentive a los departamentos de policía locales a hacer lo mismo.

Los legisladores demócratas han reintroducido repetidamente la Ley George Floyd de Justicia en la Actuación Policial, que busca fortalecer la capacitación y las políticas sobre el uso de la fuerza, además de reformas más amplias sobre la actuación policial local. Las versiones más recientes, presentadas en el Congreso el año pasado, no han llegado a votación.

Más recientemente, miembros del Congreso han redactado dos proyectos de ley orientados específicamente al DHS y al uso de estas armas. Ambos proyectos están en comisiones y no tienen audiencias programadas.

En el otoño, tres demócratas presentaron un proyecto de ley en la Cámara que fortalecería, entre otras disposiciones, la política del DHS sobre el uso de la fuerza. En particular, el proyecto prohibiría a los agentes federales portar gas lacrimógeno, gas pimienta y otras armas llamadas “menos letales”, salvo que estén arrestando a alguien que intente ingresar al país de manera irregular o cuenten con autorización previa de su supervisor. “No los sujetan a ningún estándar como el que esperaríamos de las fuerzas del orden locales”, dijo el representante Scott Peters, demócrata de California que presentó el proyecto. “Estas son las reformas que necesitamos para limitar esa conducta”.

La Administración Trump ha señalado que cualquier nueva restricción obstaculizaría la capacidad de los agentes migratorios para hacer su trabajo.

La representante Delia C. Ramírez, demócrata por Chicago, presentó un proyecto de ley independiente en la Cámara de Representantes en enero. Este exigiría al DHS publicar un informe cada seis meses con los detalles de cada ocasión en que los agentes usaron la fuerza, además de un resumen sobre si sus acciones cumplieron con la política del departamento.

Ramírez dijo que no debería recaer en medios de comunicación como ProPublica documentar posibles casos de uso excesivo de la fuerza. Ese es un trabajo “que nosotros, los congresistas, deberíamos exigirle al DHS”.

Uno de sus copatrocinadores en el proyecto, el representante Seth Magaziner, demócrata de Rhode Island, calificó de “horroroso” el recuento de 79 niños afectados por gas lacrimógeno y gas pimienta que realizó ProPublica. “Yo mismo tengo dos hijos pequeños. Sé lo frágiles que pueden ser los jóvenes, no solo física, sino también emocional y mentalmente”.

Magaziner dijo que en una futura audiencia de presupuesto, los demócratas en el Congreso podrían tener la oportunidad de interrogar a Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional. Cuando eso ocurra, Magaziner dijo que tiene la intención de preguntar: “¿Cuándo habrá rendición de cuentas para quienes rociaron gas pimienta dentro de un vehículo en movimiento donde iba una niña de un año?”.

El pais.

Peter DiCampo, Dana Chiueh, McKenzie Funk, Katie Campbell, Mario Ariza, Nicole Foy y Hannah Fresques contribuyeron a este reportaje. Diseño y desarrollo por Anna Donlan. Traducción por Wendy Selene Pérez.