En un movimiento dentro de su gabinete, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que Miguel Torruco Garza será incorporado como titular de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a partir de enero de 2026, en sustitución de Esthela Damián Peralta, quien dejó ese cargo tras ser designada consejera jurídica del Ejecutivo Federal.
Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria destacó que se trata de un paso orientado al fortalecimiento de las políticas de prevención del delito y la violencia, así como a la incorporación de nuevas generaciones en posiciones estratégicas del gobierno federal. “Regresa… va a la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el puesto que dejó Esthela Damián… Lo invité y dijo que sí”, señaló Sheinbaum al confirmar el nombramiento.
Torruco Garza, de 37 años, es un funcionario con experiencia dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y ha ocupado diversos cargos públicos. Previamente se desempeñó como director nacional de Promoción al Deporte y Bienestar, desde donde impulsó actividades dirigidas a la juventud, como clases deportivas masivas en espacios públicos.
La Presidencia ha subrayado que su nombramiento obedece a un esfuerzo por integrar perfiles con trayectoria en acciones sociales y preventivas a la estrategia de seguridad federal.
El relevo ocurre en un contexto de reorganización interna tras la salida de Esthela Damián, quien —luego de su paso por la SSPC— fue designada para encabezar la Consejería Jurídica de la Presidencia. El gobierno federal no ha detallado la hoja de ruta específica que seguirá Torruco Garza en su nueva responsabilidad, aunque fuentes oficiales han indicado que se espera que colabore en el diseño y articulación de políticas de prevención social de la violencia en coordinación con otras instancias de gobierno.
Este ajuste se suma a otros movimientos en la administración federal a medida que avanza el último año del periodo constitucional, en un momento en que las autoridades enfrentan desafíos persistentes en materia de seguridad pública.
