Por Redacción

Ciudad de México, 22 de octubre de 2025. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la eliminación de la regionalización de su sistema de atención médica, una medida que en el papel busca otorgar libertad a los derechohabientes, pero que en la práctica podría detonar una crisis operativa y financiera sin precedentes, advierten especialistas.

Para millones de usuarios del IMSS, la “espera” se ha vuelto parte inseparable del proceso médico. Consultas que tardan meses, cirugías postergadas durante años y trámites que se multiplican han convertido a la burocracia en uno de los principales males del sistema. La nueva disposición busca aliviar esa carga al permitir que los pacientes elijan libremente en qué unidad médica quieren atenderse, sin necesidad de realizar tantos trámites.

Sin embargo, la apertura que promete empoderar al paciente también podría fracturar la estructura piramidal que sostiene la operación del Instituto. En la base del sistema se encuentran las Unidades de Medicina Familiar, encargadas de la atención preventiva; les siguen los hospitales generales, diseñados para resolver la mayoría de los casos de especialidad; y en la cima, las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), destinadas a tratar los padecimientos más complejos y costosos.

Con la nueva medida, este equilibrio corre riesgo ya que la posibilidad de referir directamente a un paciente del primer al tercer nivel elimina el filtro que contenía la demanda de servicios de alta especialidad, lo que podría generar un gasto desproporcionado y saturar hospitales que ya operan por encima de su capacidad, señalan especialistas.

De acuerdo con datos del propio IMSS, una consulta en una UMAE cuesta en promedio 2 mil 795 pesos, frente a los mil 772 de un hospital de segundo nivel, una diferencia de 57.7%. Aplicada a millones de atenciones, la variación puede traducirse en una presión presupuestal severa. Aunque el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 contempla un aumento de 10.6% en atención a la salud, ese margen podría diluirse rápidamente.

La saturación, advierten especialistas, no solo impactará las finanzas, sino también al personal médico y administrativo, que ya trabaja con cargas excesivas. Además, el oficio que acompaña la medida (09-55-24-61/989/1791/1453) establece que el paciente deberá concluir todo su protocolo terapéutico en la unidad de referencia, lo que elimina la figura de la contrarreferencia —es decir, el retorno del paciente estabilizado a unidades de menor costo—, generando un “cuello de botella” adicional.

La promesa de libre elección podría terminar convirtiéndose en una paradoja: la libertad de decidir en qué lista de espera inscribirse.

Expertos proponen que, en lugar de desregular el flujo de pacientes, el IMSS apueste por una gestión inteligente basada en herramientas digitales como iCitas y  Ecosistema Digital en Salud, que permitirían distribuir la demanda de manera equitativa entre hospitales según su capacidad y disponibilidad.

La intención de empoderar al paciente es legítima, pero su ejecución, advierten los analistas, requiere una cirugía de precisión en la gestión institucional, no una amputación de su lógica operativa. De lo contrario, la espera —esa enfermedad crónica del sistema— solo se agravará.