El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó esta semana en el estado de Florida a Armando Fernández Larios, un exoficial del Ejército chileno y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía política de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Fernández Larios, de aproximadamente 75 años, figura entre los 42 ciudadanos chilenos recientemente detenidos en operativos migratorios que el Departamento de Seguridad Nacional ha catalogado bajo el rubro “lo peor de lo peor” por la gravedad de los delitos que se le imputan.

El arresto tuvo lugar en Fort Myers, en el suroeste de Florida, y responde a una requisitoria de la justicia chilena por su presunta implicación en múltiples violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. En Chile, Fernández Larios es buscado desde hace décadas por su supuesta participación en hechos como el atentado con coche bomba de septiembre de 1976 en Washington D.C., que acabó con la vida del excanciller Orlando Letelier y su asistente Ronni Moffitt, un episodio que trascendió fronteras por su impacto político y diplomático.

Según los registros judiciales, Fernández Larios se habría fugado a Estados Unidos en 1980 tras el término de la dictadura chilena. En un proceso anterior, en 1987, llegó a negociar con fiscales federales estadounidenses una declaración de culpabilidad por encubrimiento del atentado de Washington a cambio de información, lo que le valió una breve pena carcelaria de pocos meses y una posterior libertad condicional bajo protección federal, una circunstancia que mantuvo su caso en un limbo jurídico prolongado.

Las acusaciones contra el exmilitar chileno no se limitan a ese atentado emblemático. Las fiscalías chilenas le atribuyen vínculo con la denominada Caravana de la Muerte, una delegación militar enviada tras el golpe de Estado de 1973 que ejecutó a decenas de opositores en distintas regiones del país, así como su implicación en homicidios, secuestros y desapariciones forzadas en lugares como Pisagua o La Serena, donde la represión fue sistemática y letal en los primeros meses del régimen militar.

La figura de Fernández Larios ha sido reivindicada por organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, que han exigido por años que rinda cuentas ante tribunales en Santiago por los crímenes de lesa humanidad atribuidos a su actividad como agente de la DINA. Su detención en Estados Unidos, aunque tardía, podría facilitar ahora una solicitud formal de extradición para que responda ante la justicia chilena por esos hechos, un proceso que aún resta por definirse y que será observado de cerca por la comunidad internacional y las organizaciones que han promovido el avance de causas contra responsables de la represión durante la dictadura de Pinochet.