El Gobierno de Claudia Sheinbaum prepara una reforma histórica al régimen laboral nacional: en 2026 presentará al Congreso una iniciativa —tanto constitucional como legal— para instaurar una jornada laboral de 40 horas semanales. El anuncio se hizo durante la conferencia matutina presidencial del 3 de diciembre, acompañada por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños.

Destacaron que la reforma implicará una transición gradual: se reducirán dos horas por año desde 2027 hasta 2030, cuando se alcance la meta de 40 horas semanales. “No puede ser de un momento a otro”, admitió Bolaños, quien defendió la gradualidad como vía necesaria para permitir a empresas, sindicatos y trabajadores reorganizar sus procesos productivos.

Qué incluye la propuesta

Entre los puntos clave del proyecto:

La reducción se plasmará tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo, garantizando su carácter vinculante. No implicará recortes en salarios ni prestaciones: los ingresos de las personas trabajadoras se mantendrán intactos. Se establecerá un registro electrónico obligatorio de horas ordinarias y extraordinarias, para supervisar el cumplimiento. Las horas extra serán voluntarias, sujetas a límites, y pagadas con recargos —en un entorno regulado.

Entre las miradas oficiales —y de quienes celebran la medida— se destaca el potencial para mejorar la calidad de vida, reducir la fatiga laboral, favorecer la salud de las y los trabajadores, y fomentar una mejor conciliación entre trabajo, descanso y vida personal.

Un paso hacia la justicia laboral… y el tiempo libre

El proyecto busca beneficiar a los aproximadamente 13.4 millones de personas que hoy laboran bajo la jornada de 48 horas semanales, según datos de la STPS basados en estadísticas del INEGI. Para los defensores de la iniciativa —sindicatos, trabajadores, y parte del sector empresarial que acordó en las mesas de diálogo— la reforma no representa un costo adicional, sino una apuesta por la productividad sostenible, el bienestar colectivo y la dignidad del trabajo.

En cambio, sectores más conservadores del oficio advierten retos: la adaptación de industrias intensivas en mano de obra, la necesidad de reestructurar turnos y horarios, y el posible impacto para la competitividad. Por eso la gradualidad fue clave para alcanzar un consenso amplio.

¿Qué sigue?

El Ejecutivo planea presentar formalmente la iniciativa en 2026, abriendo un periodo de debate en el Congreso de la Unión. Si se aprueba, la transición comenzaría en 2027 con una jornada de 46 horas y culminaría en 2030 con las 40 horas semanales. Para muchos analistas, este cambio representa un rediseño del contrato social del trabajo en México —una promesa largamente esperada por generaciones— y una apuesta por dignificar la vida, reconociendo que el tiempo personal también es un derecho.