Un nuevo escándalo sanitario sacude a la comunidad más poblada de España. Al menos 2.317 mujeres quedaron sin recibir el resultado de sus pruebas de detección de cáncer de mama, tras un fallo masivo en los protocolos del programa de cribado. Lo que en muchos casos habría requerido una simple llamada de seguimiento resultó en demoras de meses —incluso años—, con consecuencias graves para decenas de pacientes.
Varias asociaciones de afectadas acusan además a las autoridades sanitarias de intentar ocultar el problema e incluso manipular datos. Lo que comenzó como un error en la gestión derivó en una falla sistemática de comunicación. Entre las mujeres damnificadas, al menos 230 desarrollaron la enfermedad y tres fallecieron, según el recuento provisional del abogado de Amama Andalucía.
Una de ellas es Anabel Cano, quien llegó a creer que su vida estaba libre de riesgo tras una mamografía de rutina en 2023. Un año después recibió un diagnóstico de cáncer —sufrió una mastectomía y hoy recuerda con amargura el tiempo perdido: “A mí me han operado casi un año después, y si me lo hubieran hecho un año antes (…) a lo mejor no hubiera llegado donde estoy ahora”.
El caso ha desatado una ola de indignación en Andalucía y ha reabierto el debate sobre la gestión de la sanidad pública bajo el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, en el poder desde 2019. En respuesta, su ejecutivo forzó la dimisión de la entonces consejera de Salud, Rocío Hernández, y prometió una reestructuración del sistema de cribado.
Para muchas mujeres, la promesa llega demasiado tarde. Las esperanzas de que una llamada menor hubiera cambiado el curso de sus vidas se disipan entre movilizaciones, denuncias y una profunda crisis de confianza en un sistema de salud pública bajo escrutinio.
