El fenómeno del huachicoleo, conocido principalmente por el robo y contrabando de combustibles, ha ampliado su alcance hacia otros sectores productivos de la economía mexicana, advirtiéndose daños crecientes en el mercado del azúcar y el camarón, así como efectos adversos para las finanzas públicas y la seguridad alimentaria.
Legisladores y analistas fiscales han alertado que más allá del tradicional huachicol fiscal —que consiste en la importación de combustibles declarados como aditivos o lubricantes para evadir impuestos—, ahora se identifican redes ilícitas que operan con productos alimentarios e industriales bajo prácticas similares de evasión y contrabando.
De acuerdo con evaluaciones realizadas por especialistas y reportes periodísticos, el contrabando de azúcar ha alcanzado niveles significativos, con cifras estimadas que superan las 330 mil toneladas introducidas de forma irregular entre 2022 y 2024, lo que ha provocado una pérdida estimada de 37 mil millones de pesos para la agroindustria cañera y unos 5 mil millones de pesos en evasión fiscal.
Según estas fuentes, gran parte de este azúcar legalmente clasificada procede de mercancías que se reclasifican mediante mezclas alimenticias con porcentajes muy altos de azúcar y cantidades mínimas de otros componentes para pagar menores aranceles.
Simultáneamente, el mercado pesquero del camarón enfrenta la entrada masiva de producto reempaquetado de manera irregular, con montos valuados en miles de millones de pesos, lo que presiona a los productores nacionales y debilita las cadenas productivas formales.
El vicecoordinador parlamentario de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, destacó que estas prácticas delictivas no solo erosionan la recaudación fiscal, sino que distorsionan los mercados, desplazan la producción legal y comprometen la seguridad de sectores esenciales como el energético, el alimentario y el industrial.
Frente a este escenario, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados acordó la creación de un grupo de trabajo para proponer reformas al marco legal, con el objetivo de combatir de manera integral los fraudes fiscales y aduaneros que hoy van más allá del combustible y abarcan sectores estratégicos de la economía.
Entre las iniciativas planteadas figura la modificación del Código Fiscal de la Federación y de leyes como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para fortalecer los mecanismos de marcación de productos y mejorar la tipificación de delitos fiscales relacionados con el contrabando.
Especialistas señalan que esta diversificación del huachicoleo representa un reto creciente para las autoridades y demanda una estrategia integral que combine fiscalización, vigilancia aduanera y mecanismos de coordinación entre dependencias para frenar el avance de economías ilícitas que actualmente impactan diversos sectores productivos del país.
