El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales en la Corte del Distrito Sur, según informaron autoridades estadounidenses tras una operación militar de alto impacto ordenada por el gobierno de Estados Unidos.
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que ambos están acusados de delitos vinculados con narco-terrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, hechos que, según las imputaciones, habrían sido cometidos durante años en el ejercicio del poder en Venezuela.
Trump calificó la operación como un paso decisivo en la lucha contra el narcotráfico transnacional y aseguró que la captura de Maduro y su esposa responde a acusaciones formales que datan de varios años atrás. La Corte del Distrito Sur de Nueva York es conocida por procesar casos de crimen organizado de alto perfil, lo que subraya la dimensión y alcance de las imputaciones.
Según versiones preliminares, el traslado se realizó en medio de una operación que incluyó ataques aéreos y movimientos de tropas en Caracas y otros puntos estratégicos de Venezuela en las primeras horas de este sábado. Aún no hay confirmación independiente sobre posibles víctimas civiles o militares durante el operativo.
La reacción en Venezuela fue inmediata: el gobierno calificó el hecho como una agresión militar y una violación de la soberanía, mientras que sectores de la oposición y actores internacionales observan con sorpresa y tensión el desarrollo de los acontecimientos.
Algunos líderes regionales han exigido garantías del debido proceso, así como transparencia sobre el estado de salud y la situación jurídica de los detenidos.
La operación, inusual por su magnitud y por implicar la presencia física de un jefe de Estado en funciones en territorio estadounidense para enfrentar cargos penales, marca un punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.
Expertos en derecho internacional advierten sobre las posibles repercusiones diplomáticas y legales que este caso podría generar más allá de la esfera judicial, incluso en organismos multilaterales.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses han señalado que el proceso judicial seguirá los procedimientos habituales del sistema federal, y que tanto Maduro como Flores tendrán la oportunidad de defenderse ante los tribunales.