En medio de intensas protestas de organizaciones campesinas y agropecuarias, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general la reforma a la Ley de Aguas, la cual será turnada al Senado para su análisis con carácter prioritario.

Con 328 votos a favor, cinco abstenciones y 131 en contra, los legisladores validaron el dictamen que expide una nueva Ley General de Aguas y modifica diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales. La sesión en el pleno se extendió por más de siete horas, con confrontaciones tanto dentro del recinto de San Lázaro como en sus inmediaciones.

Cambios clave en la norma

Entre los elementos más relevantes de la reforma están:

El reconocimiento del agua como un bien estratégico del Estado, prohibiendo su mercantilización. A partir de ahora, el Gobierno será la única autoridad facultada para otorgar concesiones. La transmisión de concesiones de agua entre particulares queda suspendida: ya no será posible vender, heredar o trasferir esos derechos libremente.

Se crea un Registro Público Nacional del Agua, con información sobre volúmenes concesionados, beneficiarios y tipos de uso. Se tipifican como delitos los llamados “delitos contra las aguas nacionales” (anteriormente catalogados como delitos hídricos), e incorporan penas y sanciones más claras.

Se prioriza el uso doméstico y comunitario del agua por encima del uso productivo, con especial atención a pequeños usuarios rurales e hidráulicos. Los defensores de la reforma aseguran que la nueva ley busca garantizar el derecho humano al agua y mejorar la rectoría estatal sobre este recurso, poniendo fin a prácticas de especulación y uso indebido.

Rechazo del campo y advertencia de movilizaciones

El avance legislativo no estuvo exento de controversia.

Desde temprana hora, contingentes de productores bloquearon accesos al Congreso en rechazo a la iniciativa. Aunque los bloqueos se levantaron alrededor de las 16:00 horas —cuando se decidió adelantar la votación—, el ambiente permaneció tenso. La oposición —representada por bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— así como productores agropecuarios, denunciaron que el dictamen fue aprobado de forma apresurada, sin un análisis exhaustivo ni consulta suficiente a comunidades rurales e indígenas.

Advirtieron además que la eliminación de la transmisión de concesiones pondrá en riesgo la herencia o venta de tierras agrícolas, y podría beneficiar a grandes empresas al concentrar el control del agua en pocos actores.

Organizaciones sociales y representantes del campo han amenazado con retomar bloqueos a lo largo del país, de persistir lo que consideran una imposición sin diálogo real.

Rumbo al Senado: trámite exprés y pocas modificaciones

El bloque de legisladores oficialistas anticipó que el dictamen será enviado al Senado de la República esta semana —posiblemente con un procedimiento acelerado (fast-track) — y no prevén ajustes mayores. El vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena anticipó que su bancada se allanará a la minuta tal como fue aprobada en San Lázaro.

En su exposición de motivos, los impulsores de la reforma subrayan la importancia de garantizar acceso equitativo al agua, proteger el medio ambiente y prevenir abusos en concesiones. Sin embargo, la urgencia en su aprobación ha generado críticas sobre la poca apertura al debate y la insuficiente participación de comunidades afectadas.

La aprobación de la nueva Ley de Aguas marca un hito en la regulación del agua en México, pero también agudiza la tensión entre el Estado, el campo y comunidades rurales. El rumbo que enfrente la minuta en el Senado puede definir el futuro del acceso, la gestión y la propiedad del recurso más vital del país.