Este miércoles, el gobierno federal reveló el proyecto de la supercomputadora Coatlicue, que aspira a convertirse en la plataforma de cómputo más poderosa de América Latina. El anuncio fue hecho en conferencia de prensa desde Palacio Nacional por Claudia Sheinbaum y por el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino.
Potencia y escala sin precedentes
Coatlicue contará con alrededor de 14 480 a 15 000 unidades de procesamiento gráfico (GPU), distribuidas en aproximadamente 7 500 chasis agrupados en cerca de 200 gabinetes; con ello su capacidad de cálculo equivale a operar simultáneamente entre 375 000 y 400 000 computadoras convencionales.
En términos técnicos, alcanzará un rendimiento estimado en 314 petaflops, lo que significa la ejecución de cerca de 314 000 billones de operaciones por segundo.
Esa cifra multiplica varias veces la capacidad de cualquier sistema de alta performance actualmente activo en la región. El costo de esta obra se estima en 6 000 millones de pesos, y el plazo proyectado para su construcción —desde su inicio— es de 24 meses.
Objetivos: soberanía tecnológica, ciencia y servicio público
El gobierno describe a Coatlicue como una infraestructura pública —una “supercomputadora del pueblo de México”—, pensada para servir a instituciones estatales, centros de investigación, universidades, emprendedores y al sector privado, procurando democratizar el acceso al cómputo de alto rendimiento.
Entre sus utilidades previstas están:
Modelos climáticos y predicción de desastres naturales. Planeación agrícola y soberanía alimentaria mediante análisis geoespaciales. Exploración geológica, energética y petrolera. Procesamiento masivo de datos administrativos y fiscales para detectar evasión, corrupción o irregularidades aduaneras. Impulso a la investigación médica, epidemiológica y científica en general, mediante análisis intensivo de bases de datos. Apoyo a emprendedores tecnológicos mediante servicios de cálculo de gran escala.
Según las autoridades, Coatlicue no solo pretende fortalecer el sector científico-académico, sino también convertir a México en un actor competitivo en inteligencia artificial, tecnologías de la información y desarrollo industrial del siglo XXI.
Colaboración internacional y soberanía nacional
Para asegurar su diseño, construcción y operación, el proyecto contará con asesoría técnica del Barcelona Supercomputing Center (BSC) y del Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) de la India.
Se prevé que la operación quede en manos de científicos e ingenieros mexicanos capacitados, lo que marca un compromiso con la formación nacional de talento especializado.
Coatlicue será el nodo central del Clúster Nacional de Supercómputo, una red que ya integra supercomputadoras de instituciones académicas de todo el país, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
La ubicación definitiva de la infraestructura aún no se ha definido: autoridades informaron que la elegirán en enero de 2026, con base en criterios como disponibilidad de agua, energía, conectividad y condiciones sísmicas.
“Una apuesta de país”: riesgos, desafíos y expectativas
El anuncio de Coatlicue ha sido presentado como una apuesta histórica para modernizar el país, pero no está exento de desafíos. Las necesidades de energía eléctrica, agua para refrigeración, mantenimiento especializado y recursos técnicos son enormes. Su buen uso dependerá también de transparencia, regulación y acceso equitativo —para que no termine siendo exclusivo de élites, sino un bien público como se anuncia.
Analistas advierten que lograr su pleno potencial requerirá no sólo hardware o inversión, sino política pública clara, gobernanza científica, financiamiento sostenido y un marco que garantice beneficios sociales.No obstante, si cumple lo prometido,
Coatlicue podría marcar un antes y un después en la infraestructura científica y tecnológica mexicana: desde mejorar la respuesta ante desastres, fortalecer la soberanía energética y alimentaria, hasta impulsar la investigación médica y abrir la puerta a una economía digital más justa.
