El Gobierno mexicano anunció este miércoles la suspensión temporal de actividades y el bloqueo de cuentas de trece casinos en varias entidades del país tras una investigación que identificó movimientos financieros irregulares y presuntas operaciones de lavado de dinero. Las acciones —coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)— incluyeron también el bloqueo de páginas electrónicas vinculadas a casinos virtuales.
Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y ante la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y omisiones en materia de cumplimiento tributario, según el comunicado oficial. Además, las autoridades señalaron que la investigación se desarrolló durante varios meses en coordinación con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y otros países.
Los funcionarios detallaron patrones recurrentes en las empresas señaladas: uso masivo de efectivo, flujos de dinero procedentes del extranjero y operaciones digitales —transferencias y plataformas de pago— utilizadas para ocultar el origen de los fondos. Se reportaron operaciones inusuales por montos de hasta 50 millones de pesos y transferencias hacia empresas financieras tecnológicas en Estados Unidos y países europeos.
La Presidencia precisó que las investigaciones tienen sustento legal y forman parte de una estrategia más amplia para “dar seguimiento al recurso” que pudiera fortalecer a grupos delictivos, y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será fortalecida para operar de manera coordinada con el Gabinete de Seguridad. En el ámbito privado, grupos empresariales con intereses en el sector del juego han reaccionado públicamente; en al menos dos casos las empresas afectadas pertenecerían a Grupo Salinas, que calificó la operación como “acoso político”.
El caso abre un nuevo capítulo en los esfuerzos del Gobierno por cortar flujos financieros vinculados a actividades ilícitas y plantea interrogantes sobre la supervisión de casinos y plataformas de apuestas en línea, un sector que combina operaciones físicas y digitales y que, según analistas, exige mayores controles transnacionales.
