La reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas fue aprobada por el Congreso de México este lunes con 417 votos a favor y 60 en contra y fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.
El paquete legislativo aprobado reforma también la Ley General de Población, al establecer la CURP (identificación utilizada en México) biométrica como elemento central de un sistema de identificación que integrará datos personales y biométricos.
Este andamiaje digital ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, activistas y expertos por su supuesto potencial para instaurar un sistema de vigilancia masiva en el país.
Según expertos consultados, el corazón de la reforma está en la creación de la Plataforma Única de Identidad (PUI), un sistema centralizado que según se lee en documentos oficiales, integrará información de distintas instituciones mediante la asignación obligatoria de una nueva CURP con datos biométricos, incluyendo rostro, iris, huellas dactilares y otros identificadores.
De acuerdo con el documento, toda persona deberá contar con esta CURP para realizar trámites públicos o privados.
El documento establece que instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE) y otras autoridades podrán tener acceso inmediato y sin restricciones a bases de datos biométricos, de identificación y registros forenses en poder de instituciones públicas y privadas.
Aunque el texto menciona a las instituciones con acceso, en ningún apartado se establece que estas consultas deban estar sujetas a autorización judicial previa o mecanismos de supervisión externa.
Esta base de datos también estará vinculada al Banco Nacional de Datos Forenses, así como a la Base Nacional de Carpetas de Investigación y la Alerta Nacional de Búsqueda, que deberá activarse de inmediato tras recibir una denuncia de desaparición
Cuestionan que la ley no resuelve el problema estructural
Aunque el dictamen presenta estas medidas como herramientas para acelerar las búsquedas y reducir el rezago forense, expertos advierten que la reforma aprobada no resuelve los problemas estructurales de impunidad ni garantiza resultados efectivos.
“La ley que se aprobó no toca el tema del rezago forense. Hay más de 72.000 cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado”, dijo a CNN María Luisa Aguilar, directora del Centro ProDH.
Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda existen 129.887 personas desaparecidas y no localizadas en México.
“Estamos viendo un discurso público que dice que se está haciendo algo por las desapariciones, cuando en realidad lo que se está haciendo es un cambio en el modelo de vigilancia”, dijo Aguilar.
Riesgos para la privacidad
Luis Fernando García, abogado experto en tecnología y derechos humanos, advirtió que esta reforma no tiene absolutamente nada que ver con búsqueda de personas desaparecidas e “implican la construcción de un sistema de vigilancia masiva sin precedentes en México”.
Según García, el nuevo modelo obligará a la ciudadanía a entregar datos biométricos para acceder a servicios cotidianos, “eso implica que las personas en México van a tener que identificarse para acceder a cualquier trámite o servicio público o privado, o al menos la mayoría”.
Uno de los puntos más alarmantes, según García, es el acceso sin control judicial de autoridades como el CNI a esta información sensible.
“El artículo 24 y el artículo 32 de esta ley dicen que van a poder tener acceso irrestricto, sin ningún tipo de límite, sin control judicial a esta Plataforma Central de Inteligencia.”
García dijo a CNN que además se suma la posibilidad de usar inteligencia artificial para analizar y cruzar estos datos sin establecer mecanismos de auditoría ni transparencia.
“El Gobierno va a tener una inteligencia artificial que va a utilizar quién sabe para qué y con qué efectos, y con qué sesgos”, dijo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó en su conferencia de prensa matutina el miércoles que las reformas aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar a la población, “es falso, se miente deliberadamente”.
“El Gobierno no va a espiar a nadie (…) lo que queremos es construir un país seguro y en paz, una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por constitución y por leyes”, dijo Sheinbaum.
Fuente: CNN en Español
