La inseguridad no sólo genera víctimas y pérdidas materiales. También destruye empleos. Un estudio elaborado por el Dr. César Velázquez Guadarrama, académico del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, encontró que cada robo registrado en una zona de la Ciudad de México puede estar asociado con la pérdida de hasta 1.3 empleos, mientras que un delito adicional implica, en promedio, 0.7 puestos de trabajo menos.
Los hallazgos forman parte del working paper “Crimen y empleo en la CDMX: evidencias y perspectivas desde un enfoque económico”, publicado en la revista SobreMéxico de la IBERO, una investigación que analiza por primera vez el impacto de la criminalidad sobre las unidades económicas y el empleo a nivel de Área Geoestadística Básica (AGEB), una escala territorial que permite estudiar la realidad de barrios y colonias específicas dentro de la capital.
De acuerdo con el especialista, la relevancia de analizar el fenómeno desde esta perspectiva radica en que las empresas y comercios son mucho más que centros de trabajo: también funcionan como proveedores de bienes y servicios, espacios de convivencia comunitaria y motores de la economía local.
“Estudiar el efecto del crimen en las unidades económicas a nivel de microzonas como barrios o colonias es importante porque éstas funcionan como generadoras de empleo para los residentes locales y como proveedores de bienes y servicios”, señala el documento.
La investigación parte de una realidad ampliamente documentada: la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la población mexicana. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, más de seis de cada diez personas consideran que la inseguridad es el principal problema del país. Además de los daños físicos y psicológicos que genera la violencia, el crimen provoca costos económicos directos e indirectos.
Entre estos últimos se encuentran la reducción del consumo, la caída de inversiones, el aumento de gastos en seguridad privada, seguros y vigilancia, así como la disminución de clientes en establecimientos ubicados en zonas percibidas como peligrosas.
Velázquez Guadarrama explica que estos efectos pueden derivar en el cierre de negocios o en su reubicación hacia zonas consideradas más seguras, con consecuencias directas sobre el empleo.
Empresas medianas, las más afectadas
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que el impacto de la criminalidad no es uniforme.
Las empresas de tamaño intermedio son las que más resienten los efectos de la inseguridad. Aquellas que emplean entre seis y cien personas presentan reducciones significativas en el número de puestos de trabajo cuando aumentan los delitos o los robos en su entorno inmediato.
En algunos casos, un robo adicional puede asociarse con pérdidas que oscilan entre 1.4 y casi 3 empleos, dependiendo del tamaño de la unidad económica.
El fenómeno sugiere que este tipo de negocios enfrenta mayores dificultades para absorber los costos derivados de la inseguridad, pero tampoco cuenta con la capacidad financiera y operativa de las grandes corporaciones para implementar medidas de protección más robustas.
Microempresas y grandes compañías muestran mayor capacidad de adaptación
Contrario a lo que podría suponerse, las microempresas, aquellas con hasta cinco trabajadores, no presentan una disminución significativa del empleo cuando aumentan los delitos en su entorno. De hecho, algunos modelos estadísticos muestran una asociación positiva entre ambas variables.
El investigador plantea que una posible explicación es que estos negocios tienen menos posibilidades de trasladarse a otras zonas y terminan adaptándose a las condiciones de inseguridad para sobrevivir.
Algo similar ocurre con las grandes empresas, aquellas con más de cien trabajadores, cuyos niveles de empleo muestran una menor sensibilidad frente al crimen. Esto coincide con investigaciones previas que sugieren que las compañías de mayor tamaño cuentan con recursos suficientes para invertir en vigilancia, sistemas de seguridad, seguros y otros mecanismos que les permiten amortiguar el impacto de la delincuencia.
La inseguridad de las colonias vecinas también influye
Otro de los aportes del estudio es demostrar que el crimen no afecta únicamente al lugar donde ocurre.
La investigación encontró que los niveles de delincuencia registrados en zonas colindantes también tienen efectos sobre el empleo de una colonia determinada, lo que evidencia que la inseguridad opera como un fenómeno urbano que rebasa límites administrativos.
Este hallazgo refuerza la necesidad de diseñar estrategias integrales de seguridad que consideren corredores urbanos completos y no únicamente puntos específicos de incidencia delictiva.
El trabajo recupera además una visión contemporánea del urbanismo que destaca la importancia de contar con barrios en los que las personas puedan vivir, trabajar y acceder a servicios sin desplazamientos excesivos. Bajo esta lógica, la permanencia de comercios, restaurantes, cafeterías y pequeños negocios resulta fundamental para fortalecer la cohesión social y la calidad de vida.
Cuando la inseguridad obliga a cerrar establecimientos o desalienta nuevas inversiones, el efecto trasciende la economía: también se debilitan los espacios de encuentro comunitario y se deteriora la vida urbana, señala el documento.
Por ello, el académico de la IBERO advierte que las políticas públicas orientadas a combatir el crimen deben contemplar no sólo la reducción de la violencia, sino también la protección de la actividad económica local.
Las conclusiones del estudio apuntan a que la criminalidad constituye un obstáculo para el desarrollo económico de la Ciudad de México y que sus efectos pueden observarse incluso a escala de barrio. La evidencia muestra que cada delito y cada robo tienen consecuencias que van más allá de las estadísticas de seguridad pública: afectan la capacidad de las empresas para generar empleo, modificar el tejido económico local y sostener la vida cotidiana de las comunidades.
Para Velázquez Guadarrama, comprender esta relación resulta indispensable para diseñar políticas urbanas más eficaces, capaces de fortalecer simultáneamente la seguridad, la actividad económica y el bienestar de quienes habitan la ciudad.