En una operación que ha marcado otro giro significativo en la cooperación bilateral en materia de seguridad, el Gobierno de México trasladó este martes a 37 reos vinculados con organizaciones criminales hacia Estados Unidos, anunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.


El grupo de internos, que según las autoridades representaba “una amenaza real para la seguridad del país”, fue movido desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, hasta diversas prisiones del país vecino del norte. La operación se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y en el marco de acuerdos bilaterales que garantizan que ninguno de los extraditados enfrentará la pena de muerte, una condición impuesta por México para permitir la entrega.


Este es el tercer envío masivo de reos de alto perfil desde 2025, con lo que suman 92 personas trasladadas a Estados Unidos bajo este esquema cooperativo. Las aeronaves militares que participaron en el traslado hicieron escalas en ciudades como Washington, Houston, Nueva York, San Antonio, Pensilvania y San Diego, donde los reos serán procesados por cargos relacionados con narcotráfico, homicidio y otros delitos federales.


La decisión se enmarca en un contexto de presión constante del Gobierno estadounidense para intensificar la lucha contra los cárteles de la droga y la criminalidad trasnacional. México, por su parte, ha defendido la medida como una estrategia para debilitar las redes del crimen organizado y evitar que sigan operando desde dentro de sus cárceles.


Sin embargo, esta práctica plantea tensiones jurídicas, pues aunque el Ejecutivo mexicano argumenta que actúa con base en la Ley de Seguridad Nacional y con pleno respeto a la soberanía, críticos señalan la ausencia de los procedimientos formales de extradición establecidos en tratados vigentes.