El presidente Bernardo Arévalo de León decretó el estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días, en respuesta a una escalada de violencia atribuida a estructuras pandilleriles que ha dejado decenas de uniformados muertos e intensificado la crisis de seguridad en el país centroamericano.

La medida fue anunciada la noche del domingo en cadena nacional, luego de que este fin de semana se registraran ataques coordinados por parte de pandillas contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y motines en tres centros penitenciarios.

El Gobierno reportó que los enfrentamientos comenzaron tras revocar privilegios a líderes de las pandillas, lo que derivó en una revuelta simultánea en las cárceles de alta seguridad y en ataques armados en las calles de Ciudad de Guatemala y sus alrededores.

Según cifras oficiales y reportes de agencias internacionales, al menos nueve policías han muerto en los ataques y varios resultaron heridos, mientras que se registró también la muerte de al menos un miembro de pandillas.

Las autoridades penitenciarias lograron retomar el control de las cárceles donde se había dado la toma de rehenes, aunque persisten situaciones de tensión en algunos centros.

En su discurso, Arévalo subrayó que la declaración del estado de sitio busca restablecer el orden público y garantizar la seguridad ciudadana, enfatizando que su administración no negociará con grupos criminales ni tolerará acciones que, dijo, buscan “intimidar al Estado y a la población”.

El decreto faculta a las fuerzas de seguridad a realizar detenciones sin orden judicial, limitar derechos de reunión y manifestación, e implementar operativos especiales con apoyo del Ejército, lo que ha generado preocupación entre sectores civiles y organismos de derechos humanos sobre posibles afectaciones a libertades fundamentales.

En una medida paralela, el Ministerio de Educación suspendió las clases a nivel nacional como medida de precaución, mientras que algunos servicios de transporte y actividades públicas han sido restringidos por la creciente presencia militar en las calles.

La crisis ocurre en un contexto de larga data de violencia vinculada a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), organizaciones que han sido catalogadas como terroristas por autoridades guatemaltecas y, en el caso del Barrio 18, también por el gobierno de Estados Unidos.