La administración del presidente Donald Trump anunció este miércoles una medida sin precedentes que suspende de manera indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, ampliando su agenda de restricciones migratorias y generando preocupación en diversas regiones, incluida América Latina.
Según el Departamento de Estado, la medida entrará en vigor el 21 de enero de 2026 y busca negar la emisión de visas a quienes, a juicio de las autoridades estadounidenses, podrían depender de la asistencia pública al llegar a Estados Unidos. Aunque el Gobierno ha defendido la decisión como una forma de proteger el “sistema social” y evitar abusos, expertos han cuestionado la base de esa argumentación y señalan que muchos inmigrantes tienen vínculos familiares y laborales legítimos con ese país.
El listado de países afectados incluye naciones de todos los continentes, entre ellas Brasil, Rusia, Irán, Nigeria, Afganistán y varias de América Latina y el Caribe, como Colombia, Cuba y Guatemala, según informes elaborados por medios que han tenido acceso a la lista difundida por fuentes oficiales.
La suspensión abarca únicamente visas de inmigrante —como aquellas basadas en lazos familiares, laborales o de residencia permanente— y no se aplicará a visas de no inmigrante, como las de turismo, estudios o negocios. No obstante, las autoridades enfatizan que incluso estos procesos podrían enfrentar un escrutinio más estricto con nuevos criterios para evaluar la solvencia financiera y la autosuficiencia de quienes solicitan acceso a Estados Unidos.
El impacto de esta política va más allá del ámbito migratorio. Para muchos solicitantes que ya tenían citas programadas o trámites en curso, se trata de una paralización abrupta que podría prolongarse sin un plazo claro para su levantamiento. Además, la medida llega en un año marcado por eventos internacionales de gran afluencia, como la Copa Mundial de Fútbol de 2026, lo que ha generado inquietud sobre cómo se gestionarán las excepciones para visitantes temporales.
Organizaciones defensoras de derechos de los migrantes han criticado la decisión, al considerarla discriminatoria y potencialmente dañina para familias separadas o trabajadores que buscan reagrupación. Por otro lado, sectores afines al Gobierno estadounidense han aplaudido la medida como una continuación de la postura de “America First” que ha caracterizado la política migratoria de Trump desde su primer mandato.
