A partir de mañana entra en vigor en México el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles, una medida que podría transformar el uso cotidiano del teléfono en todo el país. La normativa, impulsada por las autoridades federales y los reguladores de telecomunicaciones, obliga a que todas las líneas activas, incluidas las de prepago y las clásicas SIM físicas, queden vinculadas a una persona física o moral identificable, con documentos oficiales como la credencial de elector y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

El registro —que comienza formalmente el 9 de enero de 2026 y se extenderá por varios meses— representa un cambio profundo en la relación entre los usuarios, las empresas de telefonía y el Estado. Hasta ahora, muchas líneas se usaban sin una vinculación clara con una identidad verificable, lo que según las autoridades facilitaba fraudes, extorsiones y otros delitos telefónicos. La nueva regulación busca eliminar ese anonimato, ordenar el padrón de usuarios y ofrecer un instrumento adicional a las investigaciones criminales.

La obligación de registrar el número móvil se aplica tanto a mexicanos como a residentes extranjeros que poseen líneas locales. Las empresas de telecomunicaciones deben habilitar mecanismos sencillos para cumplir con el trámite: módulos presenciales de atención, plataformas digitales y asistencia técnica para guiar a los usuarios en el proceso.

Una de las disposiciones más significativas de la normativa es la limitación de líneas por persona física, que no podrá exceder de diez números vinculados a su identidad, con excepciones para actividades empresariales que acrediten la necesidad de más líneas.

Aunque no se prevén multas económicas directas, la consecuencia más contundente para quienes no completen el registro dentro del plazo establecido será la suspensión automática del servicio. A partir de finales de junio de 2026, los números que no hayan sido asociados a una identidad verificada perderán acceso a llamadas, mensajes y datos, quedando habilitados solo para emergencias, según los términos definidos por los operadores.

La medida, que ha reactivado el debate sobre privacidad y control de datos personales, se suma a esfuerzos previos para modernizar la gestión de datos de identificación en el país. En el pasado, iniciativas similares encontraron resistencia legal o debates acalorados sobre los límites entre seguridad pública y derechos individuales, una tensión que vuelve a aflorar con esta implementación.

Con la entrada en vigor del registro obligatorio, México se adentra en una etapa inédita de regulación en telecomunicaciones, con un impacto directo en la vida diaria de millones de personas que dependen de sus teléfonos móviles como herramienta esencial de comunicación.