El Gobierno venezolano ha decretado un estado de excepción de carácter exterior tras una ofensiva militar liderada por Estados Unidos que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro en Caracas, según documentos oficiales y múltiples reportes internacionales.

La medida, publicada en la Gaceta Oficial este lunes, amplía de forma excepcional las atribuciones del Ejecutivo y habilita a las fuerzas de seguridad para detener a quienes respalden o promuevan la acción extranjera, en un contexto de tensión extrema entre Caracas y Washington.

El decreto, con vigencia inicial de 90 días prorrogables por un período idéntico, confiere poderes extraordinarios al Ejecutivo, incluida la militarización de sectores estratégicos, la suspensión de ciertos derechos fundamentales y la requisición de bienes en nombre de la defensa nacional. La norma fue firmada por Maduro —quien se encuentra bajo custodia en Nueva York tras su detención— y refrendada por Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta interina.

Represión y control interno

La orden presidencial instruye a los cuerpos de seguridad a buscar y capturar en todo el territorio nacional a cualquier persona que haya promovido o brindado apoyo al ataque estadounidense. La disposición ha sido interpretada por analistas como un intento de frenar la disidencia interna y consolidar un control férreo en medio de una crisis política sin precedentes.

Hoy, Organizaciones de prensa y asociaciones del sector reportaron la detención de periodistas que cubrían la situación en Caracas, incluidos trabajadores de medios nacionales e internacionales. Varios de ellos fueron posteriormente liberados, aunque al menos un corresponsal extranjero fue deportado, según la Asociación Nacional de Trabajadores de la Prensa.

Un clima de confrontaciónLa crisis que hoy sacude a Venezuela comenzó el pasado fin de semana cuando fuerzas especiales estadounidenses llevaron a cabo una operación militar en la capital, tras una escalada de tensiones que combinó sanciones, acusaciones de narcotráfico y presiones diplomáticas.

La ofensiva, definida por Washington como una acción contra redes ilícitas, resultó en la detención de Maduro y de su esposa, quienes enfrentan cargos en Estados Unidos.

La respuesta del Gobierno venezolano ha ido más allá de las fronteras legales habituales, activando herramientas constitucionales diseñadas para situaciones de conflicto grave. El estado de conmoción exterior, que hasta ahora no se utilizaba desde la entrada en vigor de la Carta Magna de 1999, pone de manifiesto la profundidad de la fractura institucional y la creciente polarización política que vive el país.

Organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han expresado su preocupación por estas medidas, que restringen libertades y podrían consolidar prácticas represivas bajo un marco legal de emergencia. La comunidad internacional observa con inquietud los acontecimientos, mientras Caracas se enfrenta a un futuro incierto marcado por la confrontación entre fuerzas internas y la intromisión de potencias extranjeras.